El marco comercial entre la Unión Europa y África para las próximas décadas se está negociando en la actualidad a través de los Acuerdos de Parteneriado Económico. Las negociaciones, si siguen por el camino actual, no van a ser la solución a los problemas que sufren algunos países africanos, al contrario, pueden conllevar severos impactos negativos para amplias capas de la población africana. Los posibles beneficios para determinadas empresas exportadoras europeas y africanas no justifican el sacrificio que pueden suponer los nuevos acuerdos para la mayoría de la población, los perjuicios en el marco de la integración regional africana y la reducción del margen de maniobra macroeconómico y social de los países africanos. Pero no todas las cartas están repartidas, aún es posible cambiar las normas del juego y evitar los impactos negativos que se pueden derivar de estos acuerdos.
La existencia de acuerdos comerciales regionales comienza ya a tener una historia larga. Si bien existían algunos acuerdos desde inicios de los años 60 (la misma Unión Europea nació con un acuerdo de este tipo), es durante los años 90 cuando comienzan su progresión ascendente tanto en número como en temáticas que se incorporan en el ámbito de la negociación.
La mayoría de los acuerdos más actuales incorporan elementos tanto de comercio internacional de bienes como de servicios y muchas veces van acompañados de la incorporación de políticas de “cooperación para el desarrollo”.
Desde el bloqueo de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio en la llamada Ronda de Doha iniciada el año 2001, han sido los acuerdos regionales los que han tomado el relevo de los acuerdos globales comerciales como punta de lanza para el establecimiento de marcos de libre comercio de obligado cumplimiento.
El papel de la UE
La Unión Europea tiene un papel importante en el establecimiento de estos nuevos acuerdos, no sólo porque es la zona mundial con más acuerdos comerciales regionales firmados, sino porque continúa con una activa política de promoción de nuevos acuerdos. Afinales del año 2009 tenía en negociación nuevos acuerdos regionales con Asia (ASEAN, India, Corea), Norte América (Canadá), América Latina (Mercosur), Magreb y Oriente Medio (Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Autoridad Palestina, Siria, Tunicia), Europa del Este (Ucrania) y los países ACP (África-Caribe-Pacífico) que trataremos más en detalle.
A inicios de los 90 los acuerdos de libre comercio se justificaban fácilmente bajo la secuencia:
Acuerdos de libre comercio= más comercio internacional= más crecimiento= más bienestar.
La idea básica era simple: señores gobernantes de los países del Sur, sacrifiquen parte de su margen de maniobra, acordemos a través de los tratados la prohibición de la mayoría de las políticas de gestión del comercio internacional (eliminen las barreras proteccionistas de todo tipo), potenciemos la privatización de buena parte de las estructuras públicas para permitir la competencia internacional, y asumamos la disminución de los recursos públicos obtenidos de los aranceles de las importaciones. Todo ello facilitará tal cantidad de crecimiento y generará tal bienestar que estas limitaciones serán compensadas con creces.
La experiencia ya existente ha mostrado que esta ecuación no se ha cumplido. Los Acuerdos de Libre Comercio no han llevado el bienestar prometido, al contrario, en demasiadas ocasiones han dificultado el desarrollo de los países y esto ha conllevado más pobreza para buena parte de la población que se ha visto desbordada por la situación.
Ante esta constatación, el discurso actual no ha cambiado significativamente, únicamente se han hecho matizaciones. Se sigue argumentando que la solución mágica pasa por el aumento del comercio internacional garantizado por los acuerdos regionales de libre comercio. La única novedad consiste en reconocer que quizás sea necesario pasar por una breve fase de “ajuste”, en la que los conflictos sociales ambientales y sociales se agudicen, pero, tras ella, de nuevo se encontrará la “tierra prometida” del mayor bienestar. Es una versión contemporánea de la conocida en la literatura internacional como “curva de Kuznets". La integración de las políticas de cooperación con las políticas comerciales se justifica justamente para facilitar el paso “del mal trago” en esta fase de transición.
¿Cómo se alcanza el bienestar?
¿Qué evidencias existen de que estos procesos se hayan dado en las experiencias existentes? No existen. La inmensa mayoría de los estudios muestran que, al contrario, no se puede asumir que un mayor comercio internacional acabe generando mayor bienestar ¿Por qué? Básicamente porque el proceso de generación de bienestar es más complejo que el de generación de riqueza (aumento del PIB), requiere entre otros muchos factores:
• La existencia de un sistema democrático que permita una adecuada conexión entre demandas ciudadanas y políticas públicas. Lo contrario conlleva procesos de concentración económica en pocas ilustramanos y abandono de las partes más desfavorecidas por los ajustes económicos generados. No es difícil pensar en numerosos países con sistemas poco democráticos en los que unas pocas familias –oligarquía local - con seguridad van a concentrar toda la riqueza que en el mejor de los casos se pueda generar en determinados sectores asociados a un mayor comercio internacional. La Unión Europea en la práctica, cuando negocia acuerdos regionales, no diferencia entre países con dictaduras o democracias, con buenos o malos sistemas de salvaguarda de los derechos humanos, etc. La razón es simple, pese a la retórica de desarrollo y comercio internacional, la Unión Europea está simplemente favoreciendo la internacionalización de la economía europea, los impactos exteriores están siempre a la cola de las prioridades en la negociación. Un ejemplo, la Unión Europea, a través de los Economic Partenership Agrements (EPAs), quiere fijar las normas del comercio internacional de los países africanos con la Unión Europea para las próximas décadas, las negociaciones las están llevando a cabo con países con importantes problemas democráticos. Según el Democracy Index de la revista The Economist, en el año 2008, de los 44 países africanos analizados, uno de ellos era considerado como una democracia plena, Mauricio, mientras que Sudáfrica estaba en el límite, 15 se consideraban como estados híbridos y 22 como estados con regímenes autoritarios y/o estados fallidos. Nada de lo anterior impide a la Unión Europea presionar a los países para que hipotequen su futuro durante décadas de manera inmediata y en total desconexión sobre la legitimidad de los firmantes y las derivaciones para sus sociedades.
• Capacidad para regular e implementar las políticas públicas. Es decir, una administración que funcione bien, con capacidad para establecer normativas en todas las zonas del país y capacidad para cumplirlas. No es difícil pensar en numerosos países donde esta condición no se cumple, en particular la parte de implementación de las políticas. Pese a ello, las únicas medidas con las que se apoya a los países para mejorar la capacidad legislativa y de implementación son ayudas para la buena gobernanza, pero en ningún caso se establece el conseguir los objetivos de buena gobernanza como pre-condición para la entrada en vigor de los acuerdos comerciales firmados, aspecto éste que sería lógico si verdaderamente se priorizara el desarrollo frente a la internacionalización per se.
• Capacidad para recaudar por otras vías que no sean aranceles y capacidad para redistribuir. No es casualidad que en muchos países sean los aranceles uno de los sistemas principales de financiación estatal, son simples de recaudar y en muchas ocasiones se pagan en monedas fuertes. El proceso de transformación a un sistema de recaudación basado en impuestos directos (sobre el margen de beneficio empresarial de las empresas locales) e indirectos (sobre el consumo, por ejemplo) es extraordinariamente complejo y tiene impactos redistributivos muy importantes. Las incipientes clases medias, los pequeños empresarios y el conjunto de ciudadanos, deben pagar por unos servicios (educación, sanidad, infraestructuras) que en muchas ocasiones no existen o son de calidad paupérrima. No hace falta ser un visionario para comprender que estos procesos requieren un ritmo paulatino y muy adaptado a la capacidad de la sociedad en la que se lleva a cabo para no acabar generando importantísimos conflictos sociales y/o la imimposibilidad práctica del cambio de política fiscal y la consecuente reducción de los ingresos de la administración pública. Sin embargo, la Unión Europea, en las negociaciones de los EPAs, mantiene una posición muy inflexible en los plazos y condiciones de liberalización. Durante años ha presionado a los países del ACP para que acepten una liberalización mínima del 80% en un plazo de 15 años, una imposición que ha encontrado la oposición de muchos países africanos que han mostrado su desacuerdo ya que no existe ninguna barrera técnica para mantener inamovibles estos aspectos, se trata meramente de una imposición.
• El no uso de otros mecanismos que falsean la competencia. Si se eliminan los aranceles y otros sistemas de limitación a la entrada de productos del ámbito internacional, pero al tiempo uno de los dos partners mantiene un sistema de fuertes subvenciones a la producción, lo único que se consigue es una inundación de productos en el país con menos recursos para subvencionar a su industria o servicios. Es exactamente lo que pasa entre la Unión Europea y África, la apertura del mercado entre ambos actores no conlleva un libre-comercio, sino un comercio desigual pues no se han retirado previamente todo tipo de ayudas a las empresas europeas.
• Los marcos normativos comerciales internacionales van antecedidos de regulaciones ambientales y laborales internacionales de obligado cumplimiento. Si se anteponen los acuerdos comerciales a los otros tipos de acuerdos se produce la situación ideal para que se genere una situación de injusticia ambiental o social en la que los países con menos recursos acaben acumulando las industrias o negocios con mayores impactos indeseados, pues la lógica del mercado desplaza a las actividades más contaminantes y/o problemáticas desde el punto de vista social a las zonas con mayores externalidades, es decir costes menores. Detrás de la ecuación a más comercio internacional, más crecimiento y por tanto más bienestar encontramos, entre otros, al Consejo Europeo y a la Comisión Europea. Esta última tiene el mandato del Consejo para llevar a cabo las negociaciones y así lo está haciendo dese el año 2001. Aparte de la Comisión Europea, hay cuatro órganos más implicados en las negociaciones: Comité 133, Grupo Regional ACP (África, Caribe, Pacífico), Comité de Comercio Internacional (INTA) y Asamblea Parlamentaria Conjunta de la Unión Europea y de los países ACP. La función y la importancia relativa de los mismos varía según sea la fase de negociación y aprobación de los acuerdos. El Gobierno español tiene presencia en todos ellos [1]. Muchos de los acuerdos comerciales ya aprobados deben ser ratificados en los parlamentos de los países implicados. Aquí, conociendo qué actores españoles forman parte de todo este proceso, tenemos una nueva oportunidad, seguramente una de las últimas, para seguir tratando de impedir que estos acuerdos sigan avanzando.
[1] Intereses económicos españoles en las negociaciones comerciales Europa-África. La pesca en Senegal como ejemplo. SETEM, 2001. 
